Quizá porque, como dijo el sabio Einstein, “la crisis trae progresos” o acaso porque “no hay mal que por bien no venga”, la suspensión de los vuelos de Spanair y su grave repercusión en la conectividad de nuestro archipiélago puede suponer el punto de inflexión de un problema que, no obstante, viene de lejos. Son vientos antiguos los que originan las presentes tempestades.
Como muchos lectores recordarán, las conexiones regulares de Menorca y las Pitiusas con las principales ciudades de la península fueron servidas por la aerolínea de titularidad pública Aviaco hasta finales de los años noventa. Atendiendo al derecho de la ciudadanía a la movilidad, los usuarios tuvieron a su alcance frecuencias diarias, horarios adecuados y unas tarifas fijas y accesibles complementadas con un testimonial descuento porcentual para la población residente. En aquel tiempo, no tan lejano, el transporte aéreo no era un tema recurrente.
Pero la “liberación” del tráfico aeroportuario, consecuencia de un tratado europeo destinado a eliminar la intervención estatal en las comunicaciones territoriales, puso fin al servicio de aquella compañía e inició el abandono de la escasa población de Menorca o Eivissa a los designios de la ley de la oferta y la demanda. Pese a que el reglamento comunitario estableció excepciones a la norma en los casos justificados de “islas, territorios lejanos o en vías de desarrollo”, lo cierto es que a nadie pareció importar el fin de la protección del Estado. Las islas menores de Balears, recién salidas de la subsistencia y marcadas por el desequilibrio propio de una economía basada en el sector de servicios derivados del turismo, quedaron bajo el control de unas aerolíneas guiadas por el afán de lucro. Las consecuencias no se hicieron esperar. La libertad nos hizo esclavos.
Así, ante la escasa inquietud y dejadez de las administraciones, el siglo XXI despuntó con malos presagios para menorquines y pitiusos. Como no podía ser de otra forma, por tratarse de destinos tan secundarios como dependientes, la escasa rentabilidad de las rutas peninsulares generó el desinterés de las compañías aéreas y la consiguiente espiral de precios. De igual manera que aquella enloquecida locomotora conducida por los hermanos Marx en el Oeste usaba sus propios vagones como combustible, el progresivo incremento de tarifas se alimentó de los sucesivos aumentos en los porcentajes de bonificación a la población residente. Transcurrida una década, las islas menores son un destino inaccesible para el resto de los ciudadanos una vez superado el verano.
Ahora, con la llegada de la recesión económica y la cancelación de rutas, se puede percibir el problema en toda su crudeza. El desempleo en las islas menores bate récords propiciado por la escasa rentabilidad de un sector de servicios muy estacionario, y la tasa de crecimiento económico sigue su prolongada caída hacia un final incierto. Es hora de aplicar soluciones definitivas y pedir responsabilidades políticas.
Las estadísticas revelan que Illes Balears es la comunidad autónoma española con menor inversión pública por habitante en el conjunto del Estado. Con frecuencia, ante el escaso peso electoral de sus habitantes, desde la capital del Reino se concibe este territorio a la manera de los tiempos de Alfonso XIII, es decir, la provincia de Mallorca y sus islas adyacentes, transmitiéndose la imagen de un archipiélago destinado al veraneo y los negocios inmobiliarios.
Otro tanto podría decirse de nuestros gobernantes en Ciutat de Palma, conectada al exterior mediante el tercer aeropuerto español en volumen de pasajeros y completamente ajena, por tanto, a la situación de aislamiento de Menorca y las Pitiusas. De nuevo el cómputo de votantes parece sustentar un “status quo” que destina las tres cuartas partes de los 136 millones de euros aportados anualmente por el Estado en concepto de bonificaciones por residencia hacia una isla, la de Mallorca, donde el libre mercado garantiza la conectividad sin mayores inconvenientes. Es, por decir algo, una extraña manera de distribuir las ayudas estatales.
Bien, ¿y qué pasa con nuestra gente? Como ha venido a recordarnos el Presidente de la Federación Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera en el Club Diario de Ibiza, “a menudo los representantes públicos actúan movidos por el miedo a perder la silla y no de acuerdo a los intereses de sus votantes”(1). Tras la caída de Spanair, causan verdadero sonrojo las apresuradas idas y venidas, declaraciones de amor eterno a las compañías en pleno síndrome de Estocolmo y demás actuaciones públicas supuestamente destinadas a la restitución de las conexiones perdidas. Una triste comedia que culmina una gestión manifiestamente irresponsable. Hace más de una década que la escasa demografía de Menorca i las Pitiusas debiera haber conducido al establecimiento de las correspondientes Obligaciones de Servicio Público en las rutas con la península, bajo unas condiciones muy diferentes a las pésimamente negociadas en su día para la actual conexión con Mallorca.
Quizá la condición paritaria, aquella cláusula estatutaria que obliga a la presencia de representantes de las islas menores en las ejecutivas de los órganos gubernamentales autonómicos, debiera haber sido empleada como arma para defender un transporte aéreo que hoy es la principal causa de nuestros males. Ciertamente, ya no valen las excusas, el futuro de estas pequeñas islas mediterráneas parece estar en juego. ¿Quién no recuerda aquellos fantásticos monólogos telefónicos del genial cómico que fue Gila? Aislado bajo el fuego enemigo y dotado de un simple casco, el soldado trataba de establecer contacto con sus superiores desde la trinchera: “¿Mallorca? ¿Madrid? ¿Bruselas? ¿Hay alguien ahí?”
Joan-Enric Vilardell i Santacana, Plataforma Transportaeriofegamenorca.
Nota: (1)- Diario de Ibiza. 29/01/2012. pag.5
